Ministro de Imparcialidad señala que el gobierno no evaluó el atmósfera de que se pide otro indulto para Alberto Fujimori
el ministro de Imparcialidad y Derechos Humanos, Eduardo Arañareiteró que la concierto del Gobierno Durante la excarcelación del expresidente Alberto Fujimori.fue la de acatar el mandato del Tribunal Constitucional (TC) que ordenaba su pronta permiso pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió que no se ejecutara dicho decreto hasta determinar si cumple con las condiciones que se establecieron en el 2022.
En ese sentido, el parte del Aposento Ministerial afirmó, que, desde el Ejecutor, no evaluaron una posibilidad distinta a lo establecido por el TC, como el cumplimiento del pedido del sistema interamericano y notificarle al exmandatario ya su entorno solicitar un nuevo indulto.
“No hubo ese atmósfera, no lo pensamos en ese momento porque no teníamos que pensar, teníamos una disposición, un mandato del Tribunal Constitucional que se tenía que cumplir y que, en meta, se cumplió”, señaló Arana en el software nunca es tarde Delaware RPP.
Asimismo, explicó que la CIDH “dictó sentencia en el caso de La Cantuta y Barrios Altos” y que estas medidas “ya fueron ejecutadas por el Estado peruano”.
“La Corte ya no puede pronunciarse absolutamente mínimo sobre la sentencia de Barrios Altos ni La Cantuta, porque es un proceso que ya ha terminado en la Corte”, agregó.
“Lo que pasa es que el Gobierno de (Pedro Pablo) Kuczynski emite una resolución administrativa de indulto que es un proceso diferente. Lo que ha hecho la Corte en el 2018 fue dar medidas provisionales que fueron luego sustituidas por un proceso de supervisión. Y estas medidas del año 2022 incluso fueron objetos de un pronunciamiento del 5 de diciembre por parte del presidente (de la Corte) que son medidas urgentes. Tan es así que el presidente convoca a sesión de su pleno y el pleno le dice que no lo van a ver hasta el próximo año”, argumento.
“El pleno de esta Corte no se va a reunir sino hasta fines de enero del próximo año. Ni el Ejecutor, ni el empleo (de Imparcialidad), ni la presidenta han tenido décimo de la sentencia del tribunal. Aquí en el Perú, las sentencias se deben cumplir conforme a la Constitución”, añadió.
“El Estado peruano tiene que entender que el Tribunal Constitucional es el que dicta las normas en nuestro país”, finalizó.
