
Fiscales de Listón Centro rechazan el tesina de ley de Jorge Montoya por pretendiente “quebrantar el orden constitucional y el Estado de derecho”
La Articulación de Fiscales Provinciales de Listón Centro rechazó el tesina de ley que alista la bancada de Renovación Popular a fin de fallar «en emergencia y reorganización al Servicio Sabido».
En un pronunciamiento, advirtió que la iniciativa que promueve el congresista Jorge Montoya indagación “quebrantar el orden constitucional y el Estado de derecho”. «Invocamos el respeto a la autonomía e independencia del Servicio Sabido que se pretende vulnerar con el cuestionado tesina de ley», enfatizó.
La corporación recordó que el Servicio Sabido es un organismo constitucionalmente autónomo, encargado de la defensa de la justicia y de los intereses públicos, así como de velar por la recta suministro de la jurisprudencia.
«En cumplimiento de estos preceptos, todos los representantes del Servicio Sabido debemos ejercitar nuestras funciones de forma independiente, y dicha independencia debe ser garantizada y respetada por todos los poderes del Estado», indicó el víscera.
Encima, respaldó el pronunciamiento que emitió el pasado jueves el coetáneo fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena Campana, quien pareció que el citado tesina de ley es “abiertamente inconstitucional” y indagación “evitar y frustrar las investigaciones” que llevan a sitio los equipos especiales Deshecho Choto, Cuellos blancos del puerto, Casos con víctimas durante las protestas sociales y de Corrupción en el poder.
Qué plantea Montoya
El dispositivo de Montoya Manrique contempla cesar de inmediato a los fiscales supremos titulares por supuestamente “perdido la señal de su permanencia en el servicio por inobservancia e idoneidad propia de su función”.
En ese sentido, dice el texto, sus cargos “serán cubiertos por los fiscales superiores titulares del país en orden de decrepitud en el número designado por ley, hasta que se elija a sus respectivos titulares”.
De esa forma, la nueva Articulación de Fiscales Supremos tendrá un plazo de 180 días para “evaluar y separar al personal oficinista y fiscal no idóneo, así como diseñar e implementar las acciones de reorganización, y proponer las iniciativas de reforma justo necesarias para aventajar las deficiencias y problemáticas de la estructura y el servicio fiscal a nivel doméstico”.