César Ipenza: «La minería ilegal ha copado muchos espacios, entre ellos el Congreso de la República”
César Ipenzavocero del Observatorio de Minería Ilegalexpresó su preocupación luego de que el Congreso de la República derogara el Decreto Legislador 1607el cual contemplaba medidas para frenar el avance de esta actividad informal en el país.
«La minería ilegal ha copado muchos espacios, entre ellos el congreso de la república”, indicó Ipenza en el software nunca es tarde Delaware RPP.
Asimismo, manifestó que la minería ilegal representa más de ocho mil millones de dólares, fortuna “que financian no solo campañas, sino la vida de muchos congresistas”.
“Eso es lo lamentable, que el interés de un especie particular, de unos delincuentes, se imponga sobre los caudal comunes”, acotó.
A ello, agregó que “el tema de la derogación de este decreto parlamento no apareció (ayer) en la dietario del pleno”, pero “se puso a las 7:00 pm y al voto” a pesar de no tener “opinión de una comisión”.
Junto a señalar, que dicha norma, que buscaba robustecer el proceso de formalización, iba a fallar a los mineros artesanales como ilegales a posteriori del 20 de marzo, data en que vencía el plazo para que se inscriban en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).
Por otra parte, facultaba a la Policia Doméstico a tomar acciones frente a la tenencia ilegal de materiales explosivos.
No obstante, el agrupación minero artesanal, que agrupa a unos 500.000 trabajadores, exige que se respete el plazo de formalización auténtico, que les daba hasta finales de 2024 para inscribirse.
En ese contexto, el vocero del Observatorio de Minería Ilegal señaló que existe un plan de ley que tiene como objetivo cascar el Reinformar por 90 días.
“¿Y qué hace ese Reinfo? Mineros ilegales que están operando y que son perseguidos, si pasan a estar en el Reinfo la Fiscalía no los pueden perseguir ni sancionar”, aseguró.
Por extremo, explicó que el Ejecutante podría apañarse alguna figura para soportar delante el Tribunal Constitucional (TC) y suscitar una argumento de inconstitucionalidad.
“Es posible que aquellas normas que se aprueben en contra del derecho de todos nosotros a poseer de un hábitat sano y adecuado sean cuestionados en el Tribunal Constitucional”, finalizó.
